#De la “persecución política” al aislamiento: así cayó Laura Borràs #noticias #2022

#De la “persecución política” al aislamiento: así cayó Laura Borràs #parte #2022

Al examinar la proclamación de una víctima o de un declarante, a los jueces les importa mucho que su relato sea sostenido en el tiempo, pues es un signo de credibilidad. No se les exige lo mismo a los acusados porque les asiste la presunción de inocencia, aunque algunos mantienen incólume su lectura de los hechos. Como Laura Borràs, a quien no se le puede desmentir una virtud: la persistencia en negarlo todo. Desde que hace cuatro primaveras nació la causa contra ella por su encargo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha trillado los mismos argumentos, que en el fondo se reducen a dos: que no ha hecho cero malo y que es víctima de una “persecución política” del Estado por su condición de líder independentista.

La expresidenta del Parlament no ha desidioso esa casilla de salida, por más que los avances de la investigación le hayan sacado los colores o que la construcción de su defensa se asiente sobre premisas falsas. Por ejemplo, que una jueza de Barcelona “familiar a Ciudadanos” abrió “una investigación prospectiva” contra ella, cuando lo cierto es que su nombre apareció de forma espontánea en una conversación telefónica intervenida a Isaías H., un antiguo colaborador de Borràs —beneficiario de las adjudicaciones a dedo bajo sospecha— que estaba siendo investigado por tráfico de drogas. O que la magistrada apartó a los Mossos porque no veían delito en la ILC, cuando lo cierto es que la intrepidez se tomó por una filtración y que la Patrulla Civil se limitó a continuar la renglón de investigación ya consolidada por la policía catalana.

Su inmovilismo la ha dejado cada vez más sola, sobre todo desde que las consecuencias judiciales por el referéndum del 1-O perdieron intensidad. Borràs ha tratado de presentar su caso como un capítulo más de la Operación Cataluña, la iniciativa orquestada por el Tarea del Interior para socavar de forma ilegal al independentismo. “Hay unanimidad en considerar que es una persecución política”, insiste la dirigente de Junts. Pero es una verdad a medias. Solo su partido y sus seguidores más fieles (que no son pocos) la han arropado hasta el final. Hace unas semanas, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se negó a respaldar la renglón victimista al afirmar que la causa no tiene que ver con el procés y que los delitos por los que se sentará en el banquillo “son los que son”.

Laura Borràs, acompañada de Quim Torra y Albert Batet, el jueves en el Parlament.
Laura Borràs, acompañada de Quim Torra y Albert Batet, el jueves en el Parlament.MASSIMILIANO MINOCRI

Su resistor numantina la ha mostrado siempre a la opinión pública, nunca a los jueces: Borràs se acogió a su derecho a no decidir en presencia de el Tribunal Supremo (cuando era diputada en el Congreso) y no ha querido hacerlo siquiera en presencia de el Tribunal Superior de Conciencia de Cataluña, que con la transigencia de seso vocal ha provocado, de forma involuntaria, su suspensión como diputada del Parlament, poco que ha sido posible gracias a los votos independentistas de Esquerra y la CUP. Ha intentado evitar su caída hasta el postrer minuto, al pedir que no se le aplicara el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara —que obliga a apartar temporalmente a los diputados que van al banquillo por causas de corrupción— con mensajes que oscilan entre la seducción y la amenaza: “Espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas y respetuosos con los derechos fundamentales, no como jueces o inquisidores”.

Silencio incómodo en presencia de los correos

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Borràs ha defendido su inocencia, como ella misma ha dicho, “a capa y espada” en entrevistas con periodistas en las que, sin incautación, ha dejado ver su incomodidad. Respondía sobre la causa sumarial con una sonrisa forzada que se convertía en un semblante de desagrado cuando salía a la palestra la principal prueba de cargo del caso: los correos electrónicos que intercambió con Isaías H. a partir de 2013, cuando fue puesta al frente de la ILC, un víscera de la Generalitat que promueve la humanidades en catalán.

Los correos, que Borràs ha intentado poner en duda al afirmar, sin pruebas, que están “manipulados”, son muy explícitos. Demuestran que instruyó al informático para que presentara presupuestos ficticios, de forma que se aparentara la concurrencia de otros candidatos. Tal vez por la potencia de esos correos, nunca ha querido comentarlos. Si se costal el tema, se indigna y se presenta como víctima. Así ocurrió en una entrevista con EL PAÍS ayer de las elecciones autonómicas de febrero de 2021, en las que fue la candidata de Junts: “No sabía que tenía que defenderme en una entrevista”. Lo mismo en el software FAQS de TV3 hace unos días: “Pensaba que venía a una entrevista, no a un interrogatorio ni a un seso previo”, dijo a la entrevistadora.

Un incidente ocurrido tras el software de TV3 subrayó el malestar de Borràs y agudizó su creciente soledad en la cámara autónoma. Francesc de Dalmases, diputado y hombre de su total confianza, presuntamente sujetó de la muñeca, encerró en un despacho y abroncó a la periodista que había organizado la entrevista. En el incidente, que la televisión autonómica está analizando, estuvo presente la presidenta del Parlament, que según diversos testigos no intervino en ningún momento para frenar a De Dalmases.

Consciente de su aislamiento político, Borràs ha jugado la carta de la popularidad. Estos días ha retuiteado todos los mensajes de apoyo que ha recibido en Twitter. Este jueves, minutos ayer de la votación de la mesa, cientos de personas se han concentrado frente al Parlament para reivindicar su inocencia: “Laura Borràs no está sola. No es rectitud, es venganza”. Borràs ha trillado la calle como su gran mano para mantenerse viva en la política, pero además en presencia de la rectitud: hasta tal punto cree que el pueblo la apoya y la absolverá, que su abogado, Gonzalo Boye, solicitó que fuera juzgada por un comité popular, lo que fue desestimado de un plumazo porque el delito de prevaricación está expresamente excluido de la ley del comité.

La Fiscalía pide seis primaveras de gayola y 21 de inhabilitación para la expresidenta por fraccionar, en pequeños contratos, un encargo sobre la web de la institución. De ese modo pudo adjudicárselo a dedo (en total cobró más de 300.000 euros) a Isaías H. Le atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental, pero no otros dos delitos que se habían manejado durante la instrucción: malversación y fraude. Los trabajos se realizaron y nadie (siquiera ella) se llevó un euro de la institución. Sin perjuicio al fisco divulgado, ha insistido Borràs, no puede tener corrupción ni aplica el artículo 25.4. Se ha resistido a abandonarse el cargo hasta el final, apelando a sus colegas de Mesa: “Podemos remitir el mensaje de que las cloacas no mandan en el Parlament”. No les ha convencido y, apartada e irritada, les atacó con virulencia llamándoles “cinco diputados vestidos de jueces hipócritas”.

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