#El Constitucional se prepara para bloquear la renovación que planea el Gobierno #noticias #2022

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El Constitucional se prepara para bloquear la intención del Gobierno de nombrar a dos de los magistrados del alto tribunal sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial pueda escoger a los dos que le corresponde designar en la próxima renovación del máximo intérprete de la Carta Magna. El 12 de junio expira el mandato de cuatro de los 12 miembros del Constitucional, cuya renovación corresponde al Ejecutivo (dos) y al órgano de gobierno de los jueces (otros dos). Impedir esta renovación prorrogaría la mayoría conservadora del alto tribunal.

La Constitución establece que los magistrados se renuevan por tercios (cuatro magistrados) cada tres años. Los cuatro magistrados que según la Carta Magna le corresponden al Congreso fueron renovados el 17 de noviembre. Antes, en marzo de 2017, ingresaron los cuatro magistrados propuestos por el Senado. El 12 de junio ha de renovarse el tercio correspondiente al Gobierno (dos) y al Consejo del Poder Judicial (dos). Sin embargo, el hecho de que el órgano de gobierno de los jueces tenga prohibido por ley desde marzo de 2021 hacer nombramientos estando en funciones -situación que arrastra desde diciembre de 2018- complica que este tercio pueda renovarse íntegro en la forma que establece la Constitución.

La renovación, de llevarse a término, es muy relevante porque el sector conservador perdería la mayoría absoluta, dado que tres de los cuatro nuevos magistrados le corresponderían al sector progresista. Y esto ocurre en el momento en que el tribunal de garantías tiene que pronunciarse sobre cuatro leyes relevantes desde el punto de vista ideológico: la ley de plazos del aborto (pendiente desde hace 12 años), la ley de la eutanasia, la llamada ley Celáa, de Educación y la reforma del Consejo General del Poder Judicial que impide a este órgano efectuar nombramientos discrecionales estando en funciones, la norma que está en el fondo de esta polémica.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a designar a sus dos magistrados en cuanto se celebren las elecciones andaluzas, el 19 de junio. Nunca antes en la historia del Constitucional se había dado un caso igual, en que el Gobierno no puede nombrar a los dos magistrados de su cupo porque el Consejo General del Poder Judicial está incapacitado legalmente para nombrar el suyo. Este enredo jurídico –la posibilidad de efectuar una renovación parcial de los magistrados– deberá ser resuelto por el propio Tribunal Constitucional.

La respuesta a esa decisión del Gobierno, según magistrados del Constitucional, podría ser la convocatoria de un pleno del órgano de garantías, dominado por el sector conservador, que impidiera el acceso de los nuevos magistrados y bloqueara de nuevo la renovación, como lleva haciendo tres años el PP en el Consejo General del Poder Judicial.

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‘Pax trevijana’

El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, había prometido un período de pax romana —o pax trevijana, como la llaman algunos magistrados—, que hasta ahora se ha ido cumpliendo. Desde la última renovación, en noviembre, han pasado siete meses de relativa tranquilidad, centrados en cerrar los recursos contra la sentencia del procés. En eso había pocos riesgos. Estaban aseguradas la unanimidad o las mayorías. Pero una vez vaciado ese cajón había que abordar otros asuntos y sobre ellos han vuelto a aparecer las grietas de la división.

Los conservadores y los progresistas procuran no andar a la greña, como hace un año en que la primera sentencia contra el estado de alarma para combatir la pandemia, que anulaba el confinamiento domiciliario, estuvo a punto de bloquear la labor del Constitucional. Ahora prima la diplomacia. Se debate todo a fondo, y cuesta obtener concesiones. Así, las últimas sentencias se han resuelto por siete votos a cuatro u ocho votos a tres.

Nadie tiene certezas sobre cómo acabaría el pulso entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional de mayoría conservadora y con un tercio del pleno caducado. No hay una opinión unánime sobre la legalidad de las designaciones del Gobierno, si no se hacen al mismo tiempo que las dos que debería llevar a cabo el Consejo General del Poder Judicial.

La ley del Tribunal Constitucional considera preceptivo que los magistrados se reúnan en sesión plenaria para dar el plácet a las nuevas incorporaciones. En principio, es un trámite. Se trata de comprobar que los nombrados son juristas, y de verificar la acreditación de su solvencia, a tenor de su titulación y trayectoria. Pero tanto conservadores como progresistas admiten que en este caso se plantearía examinar algo más, y es si se cumple el requisito de que llegan de acuerdo con la previsión constitucional de que cada renovación del tribunal se efectuará por tercios.

Para el sector conservador, esto implica que los nuevos magistrados que se hallaran a las puertas del tribunal deberían ser cuatro, y no solo dos, los propuestos por el Gobierno, que debería esperar a que el Consejo del Poder Judicial pudiera designar a los otros dos. Cabría la posibilidad de que el propio Constitucional considerara que su renovación, así planteada, no es válida.

De momento, no se ha preparado una estrategia de resistencia ante esa posibilidad, pero hay voces, que hablan cada vez más alto y más claro, que defienden la necesidad de plantarse ante ese intento del Gobierno de forzar la renovación y que para ello habría que negarse a dar vía libre a las nuevas incorporaciones. Con esa decisión se bloquearía la renovación del Constitucional, que seguiría dictando sentencias sobre leyes muy importantes con una mayoría absoluta conservadora y caducada.

Fuentes del sector progresista señalan que, llegado este caso, lo primero que habría que decidir es quién compone el pleno. Es decir, si el Gobierno nombra a dos magistrados, que tendrían que sustituir al propio González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez —ambos conservadores, designados por el anterior Ejecutivo, de Rajoy—, lo primero que habría que decidir es si los salientes deben abandonar el pleno, puesto que ya tienen sustitutos, y, por tanto, no participar en la decisión de conceder o no vía libre a los entrantes. Eso dejaría un pleno de cinco magistrados progresistas frente a cinco conservadores, aunque un miembro de este bloque no asiste desde hace meses por enfermedad.

Se plantea incluso la pregunta de si el Gobierno podría recusar a Trevijano y Narváez para dicha deliberación, aunque ese pleno no fuera estrictamente un acto procesal. Todos, conservadores y progresistas del tribunal, dicen que no querrían verse inmersos en esa situación, porque supondría una gravísima crisis institucional.

El sector conservador entiende que dicha crisis respondería a un intento del Gobierno de forzar la entrada de sus dos designados para la institución por la puerta falsa. Y en medios de los progresistas se replica que el verdadero abuso se viene dando desde hace años, con el bloqueo por parte del PP de la renovación del Consejo del Poder Judicial, ya que no puede efectuar nombramientos en los máximos órganos de la cúpula.

La solución jurídica podría llegar de la mano del propio Constitucional, si resuelve pronto los recursos presentados por el PP y Vox contra la prohibición de hacer nombramientos por un Consejo del Poder Judicial con el mandato caducado. Una sentencia que declarara inconstitucional esa reforma legal y devolviera la competencia de hacer nombramientos al Consejo significaría una derrota para el PSOE, que impulsó dicha reforma, pero al mismo tiempo le despejaría al Gobierno el camino para resolver el problema de la renovación del Constitucional. Los ponentes de estos fallos son los magistrados del bloque progresista María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. De momento, no existe un proyecto de sentencia sobre estos recursos.

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