#El diputado del PP Alberto Casero admite en el Supremo irregularidades en contratos que firmó como alcalde #noticias #2022

#El diputado del PP Alberto Casero admite en el Supremo irregularidades en contratos que firmó como corregidor #telediario #2022

El diputado del PP Alberto Casero ha admitido este lunes en el Tribunal Supremo que, durante su etapa como corregidor de Trujillo (Cáceres), firmó algunos contratos que no se ajustaron al procedimiento justo, pero ha defendido que, en todo caso, solo hubo “irregularidades administrativas”, nunca un delito como sostuvo una enjuiciador del municipio extremeño. A la salida del stop tribunal, el diputado, que saltó a la auge por su error desolador en la votación de la reforma sindical en el Congreso, ha atendido a los medios para explicar que su información se ha centrado en “aclarar” algunos aspectos de su mandato por los que han preguntado el enjuiciador y la Fiscalía. “Para eso estamos” ha afirmado, tras afirmar que su información se produce en un contexto de “normalidad”. El parlamentario no ha querido pronunciarse sobre las irregularidades que se le atribuyen hasta que el instructor del Supremo, Andrés Palomo, determine si la causa sigue delante.

Casero ha comparecido en el stop tribunal para resolver voluntariamente como investigado por varios acuerdos y contratos menores que firmó cuando era corregidor, entre los abriles 2017 y 2018. El magistrado Palomo lo había citado a posteriori de que el curia de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces corregidor como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía del Supremo ve asimismo indicios de malversación de fondos públicos.

Fuentes jurídicas conocedoras de la información señalan que el diputado ha admitido frente a el enjuiciador y la fiscal María Ángeles Montes que algunos de los contratos que firmó podían presentar “errores” porque no se había seguido estrictamente el procedimiento oficinista, pero ha inútil que esas irregularidades pudieran implicar la comisión de un delito de prevaricación o de malversación.

El diputado del PP ha sido llamado a resolver de forma voluntaria en calidad de investigado, un trámite habitual en las causas contra aforados que instruye el Supremo con el que se persigue evitar que el tribunal reclame al Congreso el suplicatorio para realizar contra el parlamentario. Pero, si las explicaciones de Casero y el resto de pruebas iniciales no convencen al instructor, Palomo deberá exponerlas a la Sala de lo Penal para que pida el suplicatorio y se actúe contra el diputado.

Contratos sospechosos

La causa contra Casero partió de una denuncia de la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos y convenios acordados por el ahora diputado cuando era corregidor de Trujillo. La Fiscalía considera que el corregidor se saltó todos los procedimientos de contratación al evitar concursos públicos, informes de fiscalización o directamente sin informar a la empresa recinto que él mismo dirigía. En el utilitario dictado en marzo pasado para comunicar la tolerancia de la causa, el tribunal explicó que la exposición razonada enviada por el curia extremeño “señala indicios sólidos” de que Casero firmó los contratos “sin sujetarse al procedimiento oficinista previsto para ello, comprometiendo el suscripción de diversas cantidades, sin comunicarlo al Concejo y sin los informes necesarios”.

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La investigación se centra en seis casos concretos, que costaron al Concejo de Trujillo más de 100.000 euros. El primer anuencia sospechoso es el de un psicólogo que firmó Casero en marzo de 2017 “ocultándolo al Concejo, sin aportar el anuencia, sin expediente de contratación, sin noticia sobre la falta del servicio y sin aprobación del consumición”. Meses a posteriori, suscribió otro convenio de 25.000 euros con la Cámara de Comercio de Perú “sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Concejo, sin que el acuerdo fuera permitido previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE”.

El stop tribunal subraya otro anuencia de 2017 por el que el entonces corregidor de Trujillo pactó verbalmente aportar 18.000 euros a un acto que organizaba la entidad Asociación Cultural Bon Vivant, con la que ya en julio de 2018 cerró otro anuencia de patrocinio por 18.000, en el que se comprometía, adicionalmente, a responsabilizarse “otros costes”. Uno y otro fueron suscritos “sin seguir procedimiento oficinista alguno”. Finalmente, el Supremo detalla otros dos asuntos de 2018: la contratación de Ícaro Consultores en Comunicación para organizar un acto por valía de 14.303 euros más IVA y la concertación con Radiodifusión Interior S.L. de un anuencia de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Pinrel de Trujillo por más de 15.000 euros. Para este final, Casero supuestamente empleó el procedimiento propio del anuencia último cuando la cuantía impedía hacerlo por este método.

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