#El Gobierno exhibe músculo inversor en Cataluña tras las críticas por la baja ejecución presupuestaria #noticias #2022

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La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este viernes en un acto en Esplugues de Llobregat.Quique García (EFE)

El Cuarto Cinturón, la carretera de alta capacidad que debe sortear Barcelona pasando por Sabadell y Terrassa, es la infraestructura de la polémica. Y este viernes lo volvió a ser a cuenta de la decisión de la Generalitat de no asistir a un acto en que se anunciaba el acuerdo sobre un nuevo tramo de esta obra eterna y en la que también participaba la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez. El Govern argumenta que lo que debía ser una reunión de trabajo “se iba a convertir en un acto de reafirmación del ministerio”. Los alcaldes de ambas ciudades y la ministra afearon a la Generalitat el plante, en que el ministerio aprovechó para anunciar actuaciones puntuales en la AP-7 para mejorar el problema del colapso permanente que vive esta vía desde que se levantaron los peajes. Pese a la súbita incomparecencia de los responsables del Departamento de Territorio, en manos de Junts, Esquerra emitió un duro comunicado contra sus socios de gobierno. Señaló que proyectos como el Cuarto Cinturón son “modelos de movilidad caducos” y propios de un orden de prioridades “sociovergentes”.

La visita de este viernes al Vallès no era una cita cómoda para el ministerio, después de que las cifras de Hacienda revelaran que el año pasado el Gobierno solo invirtió en Cataluña el 36% de lo presupuestado. Ni tampoco después de meses con problemas de retenciones en la AP-7 que reflejan el colapso de la autopista, especialmente desde la supresión de los peajes. En este contexto, el ministerio aprovechó un acto en que se presentaba un acuerdo sobre la prolongación del Cuarto Cinturón, en el tramo Sabadell-Terrassa, para anunciar un paquete de actuaciones valoradas en 78 millones que deben ayudar a descongestionar la autopista a su paso por el Vallès.

Concretamente se trata de seis intervenciones puntuales: modificación del trazado y de los accesos en la B-30 a la altura de Cerdanyola del Vallès (22 millones); creación de un acceso directo desde la C-58 a la AP-7 en dirección Tarragona (ocho millones); mejora de la conexión entre la AP-7, la C-58 y la N-150 (cinco millones) y de la AP-7 con la C60 (nueve millones); modificación del acceso al polígono de Santiga en la AP-7 (cuatro millones) y la construcción de un tercer carril en el tramo Montmeló-Mollet dirección sur, y mejora de la conexión con la C-17 (30 millones). El ministerio planea licitar los proyectos constructivos de todas estas actuaciones durante este 2022. “Se trata de mejoras y actuaciones de microcirugía, de rápida aplicación y con un trámite administrativo más simple”, ha defendido Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras.

Horas antes, Flores también anunciaba en Tarragona la construcción de un tercer carril entre L’Hospitalet de l’Infant y Amposta, un trecho de algo más de 50 kilómetros que actualmente solo tiene dos carriles por sentido. Pese a que el volumen de tráfico en esa zona no registra los niveles de congestión que sufre la conurbación de Barcelona, el tercer carril se erige como una obra necesaria por el incremento de usuarios, atendiendo a que la AP-7 en las Terres de l’Ebre es corredor de paso hacia el sur de la Península. Además, en esa zona, la única alternativa a la AP-7 es la N-340, una achacosa ruta con las cunetas llenas de ramos de flores debido al largo historial de accidentes que acumula. Entre Tarragona y la central nuclear de Vandellòs, la autovía A-7 discurre en paralelo a la AP-7. El ministerio también prevé mejorar los enlaces entre la autopista y la autovía, con el objetivo de beneficiar la movilidad.

Hace dos meses, el ministerio también anunció la construcción de un cuarto carril entre El Vendrell y El Papiol, un tramo de unos 50 kilómetros que registra una intensidad media diaria de 100.000 vehículos. Las obras tendrán un coste de 200 millones de euros y se espera que se puedan licitar este año para que estén terminadas en 2025.

La ministra admitió el déficit de inversiones y que es necesario “poner el acelerador” para recuperar las cifras, pero también ha querido poner estas inversiones en la AP-7 como ejemplo de que se está intentando revertir la situación.

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Plantón de la Generalitat

La polémica del día la protagonizó la Generalitat, que tenía previsto asistir al acto, junto a la ministra, celebrado en el Consejo Comarcal del Vallès Occidental para presentar un acuerdo sobre la prolongación del Cuarto Cinturón. La fotografía tampoco le era cómoda al Govern, tras el conflicto por las inversiones y por el hecho de que ERC siempre se ha mostrado en contra de esta infraestructura. El president Pere Aragonès se refería a ello a primera hora de la mañana: “El incumplimiento reiterado de los últimos años, con cifras absolutamente inexplicables, es injustificable”. La Consejería de Territorio defiende que el principio de acuerdo con el ministerio por un nuevo trecho del Cuarto Cinturón es bueno, porque deja en manos de la administración catalana definir el trazado, mientras que es el Gobierno quien paga la obra. Sin embargo, Ricard Font, secretario general de Vicepresidencia y Territorio, optó por no asistir al acto con la ministra. “No participaremos en esta puesta en escena”, justificaron desde Vicepresidencia. Tanto la ministra como los alcaldes de Sabadell y Terrassa criticaron el gesto, que tildaron de “falta de respeto” y “desprecio”.

El aspaviento de Junts con la ministra no temperó la tensión que hay dentro del Govern a costa del Cuarto Cinturón. “No podemos pretender resolver problemas urbanos e intercomarcales con vías de alta velocidad”, manifestó Esquerra en un comunicado. El texto recupera las referencias a la sociovergencia, un dardo directo al orgullo identitario de Junts. Para criticar el Cuarto Cinturón esbozado entre PSOE y Junts, ERC hurgó en una herida que sigue sangrando pese al paso de los meses: la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Se apunta que ambas infraestructuras son “planteamientos erróneos, sin consenso territorial” y que tratan de ser impuestas “de manera encubierta”.

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