#El juez del ‘caso Neurona’ lleva siete meses buscando un perito que asuma la prueba clave #noticias #2022

#El magistrado del ‘caso Neurona’ lleva siete meses buscando un perito que asuma la prueba esencia #parte #2022

La actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y su predecesor, Pablo Iglesias, en un acto en Rivas Vaciamadrid, en octubre de 2021.
La coetáneo secretaria común de Podemos, Ione Belarra, y su predecesor, Pablo Iglesias, en un acto en Rivas Vaciamadrid, en octubre de 2021.david hospiciano

El magistrado del caso Neurona se ha topado con un importante escollo. El magistrado Juan José Escalonilla, que abrió la investigación contra Podemos en julio de 2020 tras la denuncia de un antiguo abogado de la formación enfrentado con la cúpula, lleva más de siete meses buscando un perito que asuma la maña de la prueba esencia que queda: la elaboración de un documentación sobre los trabajos desarrollados por la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. El instructor quiere determinar un precio para compararlo con los 363.000 euros que pagó el partido, liderado entonces por Pablo Iglesias.

Según consta en la documentación incorporada al sumario, a la que tuvo paso EL PAÍS, el encargo del magistrado ha pasado, al menos, por las manos de dos peritos y dos asociaciones profesionales. Pero nadie aceptó. “Debe hacerlo un versado en cuestiones electorales, temas audiovisuales, campañas o marketing. Algún que tenga alguna relación con la publicidad, el periodismo…”, explica Francisco Serrano, uno de los técnicos que ha rechazado la solicitud del magistrado: “Yo soy ingeniero industrial. No he hecho en la vida un peritaje de ese tipo, ni lo conozco”.

El magistrado encargó el pasado noviembre una prueba que la Fiscalía considera innecesaria. Según la orden del instructor, los peritos debían elaborar un documentación sobre los servicios prestados por Neurona que el propio magistrado ya da por acreditados: 48 diseños gráficos, 48 vídeos y la cobertura de siete actos electorales. Pero Podemos protestó. El partido mantiene que Escalonilla no tiene en cuenta muchos otros trabajos que había hecho la consultora —la Audiencia de Madrid aceptó este extremo y ordenó que la pericial incluyera el observación de otros 143 archivos—; y que la faena de la compañía iba mucho más allá, ya que fue “un servicio entero de consultoría política, electoral y audiovisual”.

Fuentes de la formación añaden por otra parte que, en una sociedad de mercado, resulta complicado calcular el coste. “Los precios no son tasas o aranceles fijados reglamentariamente. Siquiera el servicio requerido. No es lo mismo elaborar productos puntuales que tener la disponibilidad de un equipo de campaña completo que pueda cubrir todas las áreas, a disposición 24/7” expuso el partido en un escrito, donde pone como ejemplo el sector sumarial: “Ni todos los despachos ni todos los profesionales de la leyes cobran lo mismo por sus servicios”.

En esa idea incidió la Fiscalía al valorar la pericial: “Entendemos, como [Podemos], que la formación política puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste”. Aunque, eso sí, consideró “metódico” que se encargase la prueba.

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“Calidad y cantidad”

Escalonilla avanzó sus intenciones en julio de 2021. A través de una resolución dictada para ampliar el plazo de instrucción, el magistrado adelantó que, más allá de otras pruebas que aún quedaban pendientes, “faltaba” la maña de otra diligencia más importante: “La emanación de un documentación pericial sobre el precio de realización de dichos vídeos y diseños, presuntamente llevados a mango por trabajadores contratados por Neurona Consulting, en atención tanto a su cantidad como a su calidad”. Su propósito se materializó el 12 noviembre de ese mismo año, cuando finalmente ordenó confeccionar ese documento.

A partir de entonces comenzaron los problemas. Ningún técnico particular asumió el encargo. En presencia de la incapacidad de encontrar un versado especializado, el instructor se dirigió el 5 de mayo a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid para que le indicase un “perito capacitado” que pudiera aceptar a mango la faena, pero la respuesta aparición desde este colectivo resultó negativa. La asociación, al considerar primero que “se trataba de una cuestión técnica”, se puso en contacto con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, que descartó aceptar la tarea: “Parece que lo que precisan es un profesional del ámbito de la comunicación”.

El Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Empresa Pública —que tiene expertos del campo de acción de “comunicación social y marketing político”— incluso se descartó: “Nuestra preparado no es la requerida. Los asuntos a dirimir, entre los que se encuentra la evaluación del coste de una serie de servicios relacionados con el diseño, la realización de material audiovisual y la estructura de eventos con su preparación de material técnico, no se corresponde en ningún caso con las especialidades recogidas interiormente de nuestras titulaciones”. En presencia de tales las respuestas, la Unión Interprofesional le ha dicho al magistrado que dirija su encargo a la Asociación de la Prensa de Madrid o a una asociación de profesionales de producción audiovisual. Cosa que ya ha hecho.

Dos abriles de investigación

El caso Neurona cumplirá dos abriles a mediados de julio. La causa, que nació como un mocroproceso, se ha desinflado a lo espacioso de este tiempo. El magistrado Escalonilla ha llegado a rasgar siete líneas de investigación, de las que ha legado carpetazo a seis —por otra parte de dar luz verde a otras tres pesquisas derivadas, como el caso Niñera, de las que dos ya han sido archivadas—. El instructor descartó, por ejemplo, los supuestos sobresueldos a cargos del partido, el desvío de cuartos de la Caja de Solidaridad o las irregularidades en la reforma de la sede de Podemos.

El magistrado mantiene viva la parte principal del sumario: el acuerdo con Neurona. Pero le ha legado un molinete. En un principio, sospechaba que la formación contrató a la consultora para las elecciones generales de abril de 2019 y le pagó más de 360.000 euros por unos proyectos que nunca se realizaron. Sin secuestro, una vez que dio por acreditada una parte, ordenó la pericial para valorar si los trabajos coinciden con el precio abonado.

Enunciación como imputada en el ‘caso Niñera’

El magistrado Juan José Escalonilla, instructor del caso Niñera, ha fijado para el próximo 21 de julio la confesión como imputada de Gara S., quien trabajó en el equipo de prensa de Irene Montero, ministra de Igualdad. El magistrado la interrogará posteriormente de que Elena González, una exempleada despedida por la formación, asegurase que ella la llevó personalmente a casa de la dirigente de Podemos para realizar labores de cuidado de sus hijos. La Fiscalía no se ha opuesto a esta cita, pero ha señalado la “animadversión” de González contra Montero y ha subrayado que “no es extraño que una amiga ayude a otra con dos recién nacidos, prematuros, recién salidos del hospital”: “Y que lo haga sin ser remunerada por ello”.

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