#El Supremo de Estados Unidos consagra el derecho a llevar armas en público #noticias #2022

#El Supremo de Estados Unidos consagra el derecho a sobrellevar armas en divulgado #noticiario #2022

Un cordón de vallas impide el acceso a la sede del Tribunal Supremo de EE UU, este lunes en Washington.
Un cordón de vallas impide el llegada a la sede del Tribunal Supremo de EE UU, este lunes en Washington.Anna Moneymaker (AFP)

Unos grandes almacenes de boato, a dos pasos del turístico Central Park, advierten en un cartel de que está prohibida la entrada de clientes con armas. No es el Far West en su apogeo, sino la civilizada Gran Manzana. En barrios menos favorecidos, las balaceras entre adolescentes son moneda global; incluso la suma diaria de víctimas mortales por una bala perdida o un atraco que termina mal. Si esto ocurre en el Estado con una de las legislaciones más restrictivas de EE UU, muchos neoyorquinos se preguntan qué pasará a posteriori de que el Tribunal Supremo haya poliedro luz verde a sobrellevar armas de fuego en los espacios públicos.

La osadía del Detención tribunal, que considera que Nueva York viola los derechos consagrados en la Segunda Reparación, supone un jarro de agua helada sobre un Estado desbordado, pese a la carta actual, por una oleada de violencia desde 2020, y por extensión para el resto de los Estados. ¿Viajeros armados en el medida? ¿Muchedumbre con pistola al cinto en los parques o en la culo del súper? El arbitraje del Supremo, el segundo más importante desde 2008, cuando dictaminó el derecho a tener armas en casa para defensa propia en virtud de la Segunda Reparación, suscita más preguntas que respuestas.

La ley actual en el Estado de Nueva York, que data de 1913, exige que quienes tienen inmoralidad de armas demuestren una causa justificada que les obligue a portar una. Pero la mayoría conservadora del Supremo ha poliedro la razón, por seis votos a beneficio y tres en contra, a dos particulares, Brandon Koch y Robert Nash, adultos y residentes al ideal del Estado y que reclamaron su derecho a llevarlas sin requisito alguno, a su antojo. La causa fue presentada en nombre de los dos por la sección particular de la Asociación Franquista del Rifle (RNA, en sus siglas inglesas; principal lobby de las armas). Por otra parte del temor a un aumento de los tiroteos, de los que la ciudad es diario decorado, muchos se preguntan cómo se regulará eso en lugares públicos como el medida y los autobuses, que no han sido ajenos a incidentes con armas de fuego.

Los dos demandantes lograron en su día licencias restringidas que les permitían sobrellevar armas de caza y tiro al blanco; a uno de ellos incluso se le permitió portar una en sus trayectos al trabajo. Uno y otro vieron denegado el permiso integral que desean porque no demostraron una “causa justificada” conforme exigía la ley, la más restrictiva del país, adyacente con la de otros siete Estados, al respecto. Los abogados del capítulo particular de la RNA impugnaron la norma, forzando la osadía del Supremo. “El celo de [el Estado de] Nueva York es infundado y deja a los neoyorquinos desarmados frente al mal”, resumió la causa el portavoz de otro conjunto pro armas en declaraciones a The New York Times. ““No creo que podamos olvidar que estamos hablando de un herramienta que está diseñado para matar personas”, dijo en noviembre, cuando la causa de Nueva York llegó al Supremo, Richard Dearing, patrón de apelaciones de la ciudad de Nueva York.

Tras las matanzas de Bisonte (10 muertos) y Uvalde (21), el Estado de Nueva York elevó recientemente la tiempo procesal para comprar armas semiautomáticas. Fue la principal medida de un paquete de diez para frenar la deriva violenta. La indicación ley de bandera roja, que autoriza a un árbitro a confiscar el pertrechos a cualquiera que constituya una amenaza para terceros o para sí mismo, ya estaba actual en Nueva York, entre otros Estados, aunque no pudo impedir la matanza racista de Bisonte el 14 de mayo porque los circunstancias del autor -había proferido amenazas de matar en su instituto- se habían traspapelado. Pero la bandera roja resulta eficaz en otros muchos casos: en el condado de Suffolk la equidad ha metódico más de un centenar de veces en dos primaveras confiscar el pertrechos de cualquiera que constituía una amenaza para sí o para la comunidad. En ese periodo se retiraron de la circulación más de 160 armas.

La de Nueva York es una carta mucho más ambiciosa que el modesto acuerdo bipartidista de control de armas, un achicopalado primer paso con destino a una regulación federal para contener la afluencia de violencia armada que sufre el país (la calificación de afluencia es de la Casa Blanca). Por eso el informe del Supremo es considerado un retroceso que dará alas al poderoso lobby pro armas no sólo por activistas y expertos, incluso por muchos vecinos, temerosos de estar inopinadamente en un fuego cruzado o de encontrarse una bala en su camino. A cualquier paseante por las calles de la ciudad, aun no timorato, le asalta de tanto en tanto tal posibilidad.

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Una contingencia que incluso preocupa a las autoridades. “Este asunto me quita el sueño, va a ser un auténtico desastre para la policía”, avisó recientemente el corregidor, Eric Adams. “¿Te imaginas ir en un automóvil de medida con cualquiera que lleva una nueve milímetros?”. La reacción del regidor, conocido por su entusiasta defensa de la ley y el orden, introduce por otra parte otro negociador añadido: la sobrecarga, en términos de vigilancia y despliegue, de la policía. Un millar de agentes patrullan el suburbano neoyorquino como refuerzo desde primeros de año, precisamente a raíz de una sucesión de sucesos violentos, y para muchos vecinos una presencia suplementaria sería excesivo. No obstante, la verdad de la Gran Manzana resulta ajena a las consideraciones de los neoyorquinos que viven en zonas rurales o aisladas, al ideal del Estado, como los dos demandantes; zonas donde la tenencia de armas es consuetudinaria.

La osadía del Supremo puede disparar incluso, según temen los críticos, la proliferación de armas legales en las calles, es aseverar, las conseguidas con la preceptiva inmoralidad. A ello se añade la inundación de armas ilegales -no hay fábricas de armamento en el Estado-, que llegan en grandes cantidades a través del llamado Iron Pipeline, la ruta usada para el contrabando de armas desde Estados del sur y el Medio Oeste del país. Entre las ilegales un stop porcentaje corresponde a las llamadas armas trasgo, ensambladas a partir de piezas y sin número de serie. Nueva York atesora demasiados ejemplos, en los últimos meses, de esta violencia armada sin cuartel.

Ayer de conocer el arbitraje del Supremo, la gobernadora Hochul ya apuntó la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea de Albany, sede del constituyente, para adecuar la carta actual a las consideraciones finales del Detención tribunal.

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