#La Fiscalía europea y Anticorrupción vuelven a chocar por una investigación sobre contratos del gobierno de Ayuso #noticias #2022

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control de este jueves en la Asamblea de Madrid.Javier Lizon (EFE)

La Fiscalía europea y Anticorrupción vuelven a chocar y lo hacen, una vez más, por una investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de contratos para adquirir material sanitario durante la pandemia. En esta ocasión, el motivo de la discrepancia es la denuncia que presentó el pasado abril el grupo de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid para que se indagara en los contratos millonarios adjudicados por la Comunidad de Madrid a dos empresas, Air Global Media y Vin Doré 24K, sin ninguna experiencia en el sector. La Fiscalía europea abrió el pasado 3 de junio dos diligencias de investigación, una para cada empresa, para investigar “los posibles indicios de la comisión de hechos delictivos”, aunque admite que estos son por ahora “difusos”. Sin embargo, Anticorrupción había acordado dos semanas antes archivar la denuncia al considerar que los datos aportados en la denuncia no eran suficientes para iniciar unas pesquisas.

Esta es la segunda vez en los últimos meses que ambas fiscalía se enfrentan. El pasado marzo, la Fiscalía europea ―un órgano independiente que empezó a funcionar en junio de 2021 para investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE― reclamó a Anticorrupción información sobre la investigación abierta por esta por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, del que cobró una comisión Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña. La Fiscalía europea entendía que en esta adjudicación se había podido cometer un delito de malversación de fondos europeos, ya que las mascarillas se pagaron con dinero del Fondo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea. Sin embargo, Anticorrupción no accedió, al considerar que no apreciaba en ese momento que hubiera podido cometerse ese delito, pero, sobre todo, porque concluía que el departamento europeo no debía investigar la parte relativa al tráfico de influencias o prevaricación, delitos que son competencia exclusiva de la Fiscalía española.

Ahora la discrepancia es otra. La Fiscalía europea considera que la denuncia de Unidas Podemos tiene suficientes datos para investigar, por los delitos de fraude a los presupuestos de la UE y estafa, la adjudicación a Air Global Media y Vin Doré 24K por el procedimiento de emergencia ―un sistema excepcional que permite darlos a dedo sin abrir expediente y con muy pocos controles previos― de ocho contratos, por un total de 22 millones de euros, para que suministraran mascarillas, material quirúrgico, test de antígenos y equipos de protección contra la covid. Entre los elementos que destaca para ello es que, cuando se beneficiaron de los contratos, la primera tenía como actividad declarada la producción de contenidos de radio sobre Fórmula 1 para teléfonos móviles, mientras que la segunda comercializaba vinos espumosos con partículas de oro. La Fiscalía europea detallaba que sus primeras pesquisas irían dirigidas a concretar “los posibles indicios de la comisión de hechos delictivos, cuyos contornos aparecen en estos momentos difusos” y que, por tanto, aún no imputaba hechos delictivos a personas concretas.

Por el contrario, Anticorrupción ―que no puede impedir que la europea investigue presuntos delitos derivados del mal uso de los fondos europeos― considera que la denuncia “no aporta información o documentación alguna, ni tan siquiera indiciaria” que “revele la intervención de algún funcionario público [de la Comunidad de Madrid] que con su actuar haya facilitado la consecución de los contratos o propiciado irregularidades en su tramitación”. En este sentido, el escrito recalca que la denuncia se sustenta “en la sospecha que le infunde” al denunciante la opacidad de las cuentas anuales de una de las empresas y la no presentación de las mismas por parte de la otra, lo que considera insuficiente para abrir una investigación.

“De admitir la sospecha como razón para atender la pretensión de la denunciante nos encontraríamos ante investigación del carácter prospectivo”, una figura que, recuerda el escrito, está prohibida por el estatuto del ministerio fiscal. El escrito también recalca que la competencia para investigar los hechos denunciados son competencia de Anticorrupción, incidiendo en la misma idea que provocó el enfrentamiento de marzo con la Fiscalía europea. Por todo ello, acuerda el archivo de la denuncia

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