#La justicia europea da la razón a España en la compensación de 900 millones por el ‘Prestige’ #noticias #2022

#La equidad europea da la razón a España en la compensación de 900 millones por el ‘Prestige’ #informativo #2022

Casi 20 primaveras posteriormente de que el petrolero Prestige se hundiera frente a las costas gallegas, las compensaciones exigidas por España colean en tribunales y organismos de arbitrajes. El Tribunal de Jurisprudencia de la Unión Europea (TJUE) ha regalado este lunes un confirmación a las proposición españolas para que pueda cobrar, al fin, los 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros) a los que obligaron los tribunales gallegos a la aseguradora del barco, London P&I Club, como indemnización. El parné, en cambio, no llega porque la empresa británica planteó un contencioso delante órganos arbitrales ingleses, que igualmente ha tenido represión contencioso. Este parecer supone un paso importante para que España logre finalmente esta compensación. No obstante, la respuesta del tribunal europeo debe ser ahora interpretada y ejecutada en los tribunales británicos que, pese al Brexit, todavía deben observar la cargo superior del TJUE en este caso.

Posteriormente del hundimiento del Prestige en noviembre de 2002, España reclamó delante la equidad una compensación, que concluyó con una sentencia que exigía que London P&I Club debía satisfacer hasta 1.000 millones de dólares por los daños causados, siguiendo el arreglo firmado entre la naviera y la aseguradora. Tras este parecer, London P&I Club reclamó un procedimiento de arbitraje en Londres, que concluyó señalando que España debía ocurrir planteado sus exigencias en este entraña y no delante la equidad nave.

España recurrió delante los tribunales británicos el laudo arbitral y la equidad británica planteó al Tribunal de Jurisprudencia de la Unión Europea una cuestión prejudicial que ha concluido con este parecer: “Una sentencia dictada por un tribunal de un Estado miembro en los términos de un laudo arbitral no puede impedir el registro, en ese Estado miembro, de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro”. Es opinar, prevalece la atrevimiento de los jueces españoles.

Los magistrados de Luxemburgo aclaran que con este parecer velan porque no se pueda “eludir, a través de un procedimiento arbitral que va seguido de un procedimiento contencioso”, las decisiones y obligaciones previas de los tribunales.

La sentencia de este lunes añade que “ el reglamento [europeo] excluye el arbitraje de su ámbito de aplicación”. E, incluso, va más allá al señalar que “una sentencia dictada en los términos de un laudo arbitral se encuadra, luego, en la pega del arbitraje y no puede deleitarse del registro mutuo entre los Estados miembros”.

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