#La pataleta (y con razón) #noticias #2022

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Ignorar a Argelia ha sido una constante de las relaciones de vecindad de España. De Alicante a Orán hay bastantes menos kilómetros que a Madrid: es algo que vivieron con sorpresa los republicanos que consiguieron salir en el Stanbrook, el último barco que zarpó de España rumbo al exilio. A la Argelia moderna y joven, que el próximo 3 de julio celebrará tan solo 60 años de independencia, la España democrática la ha tratado con cierta displicencia, como si fuera una suerte de hermana mediana aprisionada entre un Marruecos caprichoso y embaucador y una Francia que, con tronío, impone sus intereses. Algo de eso ha habido en el error de cálculo, garrafal, del Gobierno español.

Porque un Gobierno, por más representativo que sea de la mentalidad de un país, no puede permitirse incurrir en atavismos en sus relaciones internacionales, menos cuando de ellas dependen cuestiones económicas y fronterizas fundamentales. Además, para entender como es debido la posición de Argelia en el conflicto del Sáhara no solo hay que atender a sus intereses geoestratégicos, que los tiene y son innegables, sino que ha de comprenderse el fuerte peso que en la identidad argelina tiene la lucha contra la ocupación colonial.

La guerra de liberación nacional, con su millón de mártires, sigue estando muy viva en la conciencia de la población. Es algo que resulta sorprendente teniendo en cuenta que el 57% de los argelinos tiene menos de 30 años, pero de radical importancia si se recuerda que, al menos hasta la renuncia a la presidencia de Abdelaziz Buteflika en abril de 2019, el establishment político, militar y económico argelino, le pouvoir, como se le conoce popularmente, estaba copado por la generación que luchó en la guerra.

Que el Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos no es una invención argelina. Lo reconocen las resoluciones 34/39 de 1979 y 35/19 de 1980 de Nacio­nes Unidas. Y lo está debido en parte a la inhibición de España cuando abandonó su antigua colonia en 1975. Pero una cosa es que los sucesivos gobiernos españoles hayan hecho más bien poco para solucionar esta deuda de descolonización, y otra bien distinta pensar que puede salir gratis comportarse como una potencia soberana. En realidad, con su carta al rey de Marruecos respaldando su posición sobre el Sáhara, el Gobierno no ha hecho nada distinto de lo que a las claras o veladamente hacen o dicen Francia y Estados Unidos, los dos grandes valedores de Mohamed VI. El problema, más allá de la injusticia y el atropello de los derechos saharauis, es que España no es una potencia, y cuando no se tiene poder de coerción política, económica o militar, incluso cultural, actuar como tal tiene un precio. Por mucho que se tengan las espaldas cubiertas, y España las tiene gracias a la Unión Europea, lo cual no evita una crisis transitoria.

Pero es cierto también que la reacción argelina tiene algo de pataleta. Ante todo, porque le pouvoir sabe bien que no puede violentar los tratados firmados con la Unión Europea, de los que depende una economía en la que el 60% del presupuesto estatal proviene de los hidrocarburos. A ello hay que añadir dos factores que alimentan la reacción argelina, uno interno y otro externo. Por un lado, la necesidad de compensar emocionalmente a su propia población en un momento en que la represión de la disidencia se recrudece y cunde la carestía por la crisis de la covid y la guerra en Ucrania. Por otro, cabe pensar que la diplomacia rusa (Serguéi Lavrov visitó Argel en mayo para firmar el documento en que se basarán las relaciones bilaterales, en sustitución de la declaración estratégica de 2001) tenga mucho que ver en este órdago que, una vez más, pone a prueba la capacidad de respuesta conjunta de la Unión Europea.

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