#La renovación de la promesa democrática en Chile #noticias #2022

#La renovación de la promesa democrática en Pimiento #telediario #2022

Vaya delante todo con estas líneas mi pleno respeto a la voluntad democrática de los chilenos y, en particular, a lo que autónomamente decidan en el próximo 4 de septiembre en el refrendo sobre la propuesta de una nueva Constitución para su país. Ello no impide, sin bloqueo, más acertadamente al contrario, como muestra de ese respeto, hacer algunas observaciones sobre el proceso que ha conducido a esa propuesta y el contenido de la misma.

Al menos desde la experiencia histórica del acercamiento de Salvador Más allá al poder, una de las figuras más dignas de todo el siglo XX, hemos tenido siempre presente desde Europa, y singularmente desde España, con interés y afecto por el pueblo chileno, la progreso del país sudamericano. No puede maravillar, por ello, que ese interés se haya renovado con los acontecimientos que marcaron el estallido social de octubre de 2019 y que desembocaron, entre otras consecuencias, en la opción, refrendada por los ciudadanos, de convocar una Asamblea Constituyente, cuyo resultado se va a someter a su definitiva consideración.

El malestar social que está en el origen del proceso chileno, es obvio, no es en rotundo exclusivo de este país, pues se ha vivido con anciano o último intensidad, y sigue ahí oculto, en la mayoría de las democracias a raíz de la gran recesión de 2008. En todas ellas ha producido mercadería en el ecosistema político, que están aún por dilucidar, en un contexto de gran incertidumbre y polarización, y ya no solo doméstico, sino todavía integral.

Lo propio del proceso chileno es que la reconstrucción de la convivencia política y social se haya tratado de encauzar elaborando una nueva Constitución, poco que por lo demás tiene pleno sentido en Pimiento, ya que dicha tarea estaba irresoluto de acometer para resolver el problema de licitud de origen de una democracia cuyo atraque reside, a pesar de las reformas posteriores, en la Constitución de 1980 emanada durante la dictadura.

¿Cómo podría fundar hoy, en estos tiempos tan ayunos de certezas, con la cohesión social amenazada y la división política exacerbada, la renovación de la promesa democrática un nuevo texto constitucional?

El artículo 1 de la Propuesta de Constitución comienza proclamando que “Pimiento es un Estado social y tolerante de derecho”. De este modo, la forma de Estado se describe y prescribe en los mismos, idénticos, términos en que lo hace la Constitución española de 1978. Y me parece significativo que así sea.

Porque obligado resulta memorar que nuestra Ley Fundamental no hizo por su parte sino incorporarse, con el retraso causado por la dictadura, a un ciclo histórico que habían inaugurado otras Constituciones europeas tras la Segunda Gran Pugna. Así, con parecidos términos a los indicados, se identificó ya entonces, en Italia, Francia o Alemania, la fórmula jurídico-política que resultaba de la progreso histórica del Estado Constitucional, un maniquí de ordenamiento de la convivencia que, como es sabido, hunde sus raíces en las llamadas revoluciones liberales o atlánticas, animadas por el pensamiento ilustrado, y que acababa de liberarse de la amenaza existencial que supuso para él la irrupción del fascismo.

Y es que se trataba de cultivarse de la experiencia del período de entreguerras, de la suerte corrida por sus débiles democracias de partidos, en un contexto de cachas inestabilidad social y a la postre política (como el vivido bajo la Constitución de Weimar o la de la II República española), para proteger ese Estado constitucional superviviente con el agradecimiento de derechos sociales y la consiguiente facultad a los poderes públicos para intervenir en la esfera económica.

Pudiera parecer paradójico que una propuesta de Constitución como la chilena, que resulta claramente innovadora en tantos aspectos, parta de una definición de la forma de Estado que cuenta ya nadie menos que con poco más de 70 primaveras de vida. Pero, en mi opinión, se alcahuetería de una paradoja explicable.

En primer emplazamiento, porque con carácter genérico en este trance histórico en el que nos encontramos, la fórmula en cuestión necesita no ya de ser defendida frente al peligro de retrocesos de dispar signo político, sino, más acertadamente, reforzada o renovada, sobre todo en su dimensión de Estado social. Esta exigencia está, como se ha recordado, en el origen mismo del extremo ciclo del Estado constitucional y ha emergido con intensidad con cada crisis económica de las últimas décadas, sacudiendo la licitud del sistema político, debilitando la promesa democrática. Afianzar el Estado social es una tarea irresoluto, lo es hoy para todos.

Y lo es, en particular, en aquellos países donde todavía la construcción del Estado social está allá de completarse. Como es el caso de Pimiento, que tiene que recuperar el camino desandado con un principio, el de subsidiariedad del Estado, que militaba en unas coordenadas radicalmente opuestas a la del Estado Social, pues la prestación de los servicios esenciales de la comunidad debe contar con una aval que solo puede ser pública.

Lo que caracteriza al Estado social es su disposición y aptitud para anticiparse a los conflictos, para prevenirlos, con su intervención asistencial de carácter sistémico, y ello requiere inexcusablemente, adicionalmente de políticas presupuestarias sostenibles, de sistemas tributarios robustos, sustentados en el principio de progresividad.

Está en diversión la estabilidad porque lo está la rectitud o la equidad social. La desigualdad acaba envenenando a la democracia. Sin cohesión social, están en serio peligro el respeto a la turno política y a la institucionalidad, al tiempo que solo a través de estas últimas tiene sentido preservar aquella. Esta es la dialéctica de conjunto del maniquí y me parece que está presente en el esquema de Constitución que se somete a la voluntad de los chilenos.

Desde el punto de instinto de la forma territorial del Estado, la Propuesta opta por caracterizar a Pimiento como un “Estado plurinacional”, integrado por “entidades territoriales autónomas y territorios especiales”, y proclama su respeto por la identidad cultural de los pueblos indígenas. Siempre he creído que la integración en un mismo esquema de comunidad solo puede fundarse en el respeto a la desemejanza de quienes la componen.

La Constitución proyectada es todavía innovadora en el completo catálogo de derechos que consagra. Así, ardor la atención la rotundidad con que aborda el tratamiento de la discriminación. Hay que destacar que estemos en presencia del primer texto constitucional cuidado por una convención constituyente de carácter paritario. Y si fue paritaria en su origen, no podía sino tratar de serlo en su contenido normativo, para hacer efectivamente posible una sociedad en que mujeres y hombres compartan el protagonismo.

Por extremo, no se puede ocurrir por suspensión hasta qué punto el texto constitucional está atravesado por la preocupación medioambiental. Es verdad que las consecuencias provocadas por el cambio climático deben afrontarse conjuntamente, pero solo con conciencias nacionales vigorosas se podrá dar la imperiosa respuesta que se requiere. La propuesta chilena me parece ejemplar en este sentido.

Termino como empecé, manifestando mi afecto y mi respeto por el pueblo chileno. Y, desde este respeto, me atrevo a expresar que el “apruebo” puede suponer un paso delante cardinal, una opción en servicio del Pimiento que más admiramos, la de un país dispuesto a que la dignidad y la rectitud social presidan su futuro.

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