#Los polémicos argumentos de la sentencia que ha dejado a dos policías en la calle tras violar a una chica de 18 años #noticias #2022

#Los polémicos argumentos de la sentencia que ha dejado a dos policías en la calle tras violar a una chica de 18 abriles #parte #2022

El pacto sumarial por el que dos policías municipales de Estepona, en Málaga, están en la calle posteriormente de activo violado a una chica de 18 abriles vestidos de uniforme ha generado indignación en la ciudadanía y sorpresa en el mundo judicial. El acuerdo entre las partes (la delación particular que la representa a ella, la Fiscalía y la defensa) ha permitido que los agentes, que drogaron y abusaron de la verde en 2018 según los hechos probados de la sentencia, se hayan librado de la prisión a cambio de una indemnización de 80.000 euros a la víctima y un curso de educación sexual, adicionalmente de activo quedado apartados de las funciones policiales, según fuentes municipales. EL PAÍS ha consultado con un peña de expertos y juristas los argumentos de la polémica sentencia de conformidad, dictada en mayo y conocida el miércoles:

El giramiento de la Fiscalía

Los expertos consultados cuestionan el papel del Tarea Fiscal al aceptar el acuerdo de conformidad entre las partes. Más allá de que la propia víctima —a través de su representación lícito— debe estar de acuerdo, como en este caso ha ocurrido, dudan de por qué el fiscal aceptó acaecer de una petición de 30 abriles de mazmorra para los condenados a solo dos. Fuentes de la Fiscalía de Andalucía han explicado que han aceptado el acuerdo siguiendo la petición de la abogada de la víctima, que sostuvo que su representada no quería que el seso —con potencial de ser muy mediático—se celebrase. Quería evitar tanto una posible revictimización como revivir todo lo sufrido, ya que los hechos le causaron un trastorno postraumático del que tuvo que ser tratada. Es lo que ha ratificado el presidente del Tribunal Superior de Jurisprudencia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que ha afilado que las partes llegaron a un acuerdo que la Fiscalía aceptó. A partir de ahí, el sentenciador “no puede condenar por más de lo que le pidan las partes”. Es asegurar, los dos abriles que aceptaron los condenados, que se libraron del seso.

“El problema es que no es un hecho que ha afectado solo a una persona, no es solo un delito del ámbito privado, va más allá, hasta el interés sabido”, afirma la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Pino de la Nuez. Es el mismo argumento que apunta el presidente de la sala, Pedro Molero, que emitió un voto particular contra el decreto en la ejecutoria de mayo: “No estamos en un ámbito privado sino en un ámbito de traumatizado interés sabido en donde están comprometidos títulos muy importantes, señaladamente el genérico de toda sociedad de predisponer la comisión de delitos como es el que ha sido objeto de condena y el particular de defensa y protección de la mujer y de su capacidad de valor”. Adicionalmente, otras fuentes jurídicas señalan que fiscal y sentenciador podrían activo puesto en marcha fórmulas ya existentes para evitar la revictimización que puede suponer un seso con potencial, efectivamente, de ser muy mediático. Se puede proteger a la mujer haciendo que testifique por videoconferencia, con ayuda de psicólogos especializados, evitando la confrontación visual con los acusados y tomar medidas para preservar su intimidad.

Los especialistas consultados, incluidos dos fiscales, afirman que en el caso de delitos sexuales, los acuerdos de conformidad se suelen dar cuando la víctima es un pequeño —sobre todo si es de corta perduración, para que no tenga que revivir lo ocurrido— o cuando al punto que hay pruebas sólidas donde, al final, todo se resume en las versiones del destacado y la víctima, sin más testigos ni pruebas médicas. Otros creen que el acuerdo en este caso puede deberse a que el delito chancillería es semipúblico y que para ser perseguido debe ser denunciado. Así, la Fiscalía podría activo aceptado la reducción de pena hasta los dos abriles —adicionalmente de la inhabilitación y la indemnización— en presencia de la posibilidad de que la víctima retirase la denuncia. “Aun así, la comportamiento del Tarea Fiscal sigue siendo incomprensible”, afirman fuentes jurídicas.

Despotismo en circunscripción de embestida sexual

Uno y otro policías son condenados por alcaldada sexual, en circunscripción de embestida sexual. El artículo 181.3 del Código Penal, el que contempla el alcaldada, recoge que cuando “consista en comunicación carnal por vía vaginal, rectal o dental, o comienzo de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez abriles”. Es asegurar, en este caso, aún con el alcaldada, deberían activo sido condenados al menos a cuatro abriles cada uno de los acusados. Diferentes fuentes señalan que el hecho de que el sentenciador Molero no estuviera de acuerdo con la sentencia con un voto particular muestra hasta qué punto era controvertida la opción. Asimismo es controvertido, según una jueza consultada que pide figurar sin nombre, que para datar a la conformidad cambiaran el tipo penal, pasando de considerarlo embestida sexual —que fue por lo que inicialmente la Fiscalía había solicitado 30 abriles— a alcaldada. “Es como convertir un homicidio en lesiones para datar a un acuerdo”, señala esta fuente. “Se ha recurrido a determinados instrumentos para terminar matemáticamente dejando en la calle a estos sujetos”, añade una docente de Derecho Penal.

Una atenuante discutida

¿Y cuáles son esos instrumentos? Uno de ellos es que la sentencia —dictada a partir del acuerdo entre las partes—considera como atenuante el suscripción de la responsabilidad civil. El tribunal aprecia que el hecho de que los condenados hayan pagado los 80.000 euros de la indemnización supone “una reparación del daño muy cualificada”. Esa atenuante permite aplicar la pena de un delito —en este caso la de abusos, de 4 a 10 abriles— en uno o dos grados menos, lo que aquí supuso dejarla en dos abriles en un control de “ingeniería jurídica”, según lo define una de las fuentes consultadas. Sin bloqueo, esta atenuante es uno de los factores que, precisamente, pone en duda el presidente de la sección octava. “Nadie más allí de la ingenuidad”, sostiene Molero, quien añade que el monises no lo han pagado los condenados, sino sus padres.

“Adicionalmente, el mensaje que se manda es que las agresiones y la violencia sobre el cuerpo de la mujer se resuelven con monises. Es severo y preocupante porque cuesta creer que otros delitos se arreglen solo con un suscripción financiero”, sostiene Miguel Lorente, profesor de Medicina Judicial de la Universidad de Bomba y delegado del Gobierno para la Violencia de Clase entre 2009 y 2011. “Mañana habrá una violación y el destacado podrá pensar: no pasa carencia porque salir impune de esto es cuestión de monises”, subraya el habituado. “La sensación de impunidad que genera a nivel social es muy severo”, insiste Pino de la Nuez.

Agravantes ignorados

Los diversos especialistas consultados hablan de que se deberían activo tenido en cuenta varias posibles agravantes en la sentencia. La primera, la de alcaldada de superioridad. La sentencia recoge como hechos probados que los agentes tuvieron dos encuentros con la víctima. “Cuando los dos acusados abordan por primera vez a los tres jóvenes [la víctima y dos amigos, en un control de alcoholemia de madrugada], se encontraban uniformados, de servicio, en transporte oficial y en el control de las funciones propias de su cargo”. Seguidamente se presentaron en la vivienda de la verde con su uniforme sin que la víctima requiriera su presencia y, según la sentencia, uno la penetró vaginalmente “bajo la situación de superioridad que la condición de policía le otorgaba”. Si se hubiera considerado esa perjuicio se tendría que activo establecido la pena por alcaldada en su horquilla superior, con más de siete abriles.

Asimismo se podría activo tenido en cuenta la perjuicio de intimidación ambiental. “La situación de intimidación es tan espacioso y objetiva que hasta la otra chica que había en la vivienda sale corriendo de allí para pedir ayuda”, afirma Lorente. El tercero sería el de prevalimiento de función pública, ya que la chica —como se consideró probado en la sentencia— se sentía confusa porque ni siquiera sabía cómo asegurar no a dos agentes policiales que habían llegado hasta el interior de su vivienda.

¿Sin peligro de reincidencia?

Otro debate surge rodeando de la concesión de la suspensión de la pena por parte del tribunal, que no cree que exista peligro de reincidencia de los condenados. Sin bloqueo, el voto particular de Pedro Molero que incluye el documento refleja que “procedía desestimar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta” precisamente porque no cerca de descartar que los condenados vuelvan a representar de nuevo como hicieron en verano de 2018 en Estepona. No hay “documento alguno que permita realizar un pronóstico de escasa probabilidad de que nadie de los penados vuelva a cometer hechos de similar naturaleza en el futuro”, escribe Molero. Asimismo Miguel Lorente cree que la reincidencia es posible porque la violencia sexual “es un problema de poder, no de sexo”. “El asaltante no búsqueda una relación, búsqueda satisfacer una relación de poder a través del sexo”, insiste el forense, que cree que por eso el curso de educación sexual al que se someterán los condenados no servirá de carencia. “Creer que eso va a subsanar parte de lo ocurrido es pensar que somos tontos”, subraya. “A estos señores, por llamarlos de alguna guisa, el curso de educación sexual no les va a servir de carencia”, insisten desde Themis.

Otras fuentes creen que de ningún modo debería haberse otorgado la suspensión de pena porque los miembros de la sección octava deberían activo tenido en cuenta una serie “de datos importantes”. Uno de los principales es que los autores sean dos policías y uniformados. “Es un atentado contra la autogobierno sexual de la víctima, pero incluso están comprometiendo al Estado en su comportamiento. El Tarea Fiscal no debería quedarse conforme con esa pena y mucho menos con la suspensión. Creo que van demasiado allí”, afirma una experta en Derecho Penal.

Los ayuntamientos de Estepona y Puertollano —del que depende uno de los agentes, que estaba en 2018 de comisión de servicio en la Costa del Sol— los han privado de sus cargos de funcionario, según fuentes de uno y otro municipios.

Más seguridad para las víctimas

Por zaguero, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis cree que el caso deja en evidencia que la conciencia aún no ha sido capaz de dar una respuesta adecuada y eficaz a las víctimas de violencia sexual. “Estos hechos cambian la vida de las víctimas, ya no son las mismas personas, suponen traumas. Y el proceso sigue siendo un calvario que dura muchos abriles y que las obliga a revivir lo ocurrido una y otra vez”, explica la máxima Pino de la Nuez. Desde la tinieblas en que sucedieron los hechos, en junio de 2018, hasta la momento en la que se iban a arbitrar, el pasado mes de abril, han pasado casi cuatro abriles. “Y las víctimas lo único que quieren es que la conciencia sea más rápida, operativa y desafío”, señala.

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