#Mónica Oltra, imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada #noticias #2022

#Mónica Oltra, imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada #noticias #2022

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha imputado a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por el supuesto encubrimiento del caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Oltra es la responsable de la consejería de Políticas Inclusivas de la que dependen los centros de menores y el tribunal considera que hay indicios de que participó en la elaboración de un expediente que, según sospecha el juez de instrucción, se abrió cuando el caso ya estaba judicializado y con el objeto de obstaculizar la investigación para proteger a la expareja de Oltra o, incluso para proteger la carrera política de la líder de Compromís.

En un auto notificado este jueves, el tribunal sostiene que la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata “una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien proteger la carrera política de la aforada”, por lo que la cita a declarar el próximo 6 de julio.

Como argumento jurídico, el tribunal del TSJ entiende que “puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la Consejería, considerados en abstracto y de una forma aislada no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares” pero considera que “en su conjunto poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos”, indica el tribunal en su escrito. Ese fin, según el mismo, es el que señaló el juez instructor en su día, el “propósito muy preciso, ya de una muy dudosa legalidad” de beneficiar la situación procesal del marido Oltra, o “tratar de proteger la carrera política” de la vicepresidenta.

El TSJ hace suyos los argumentos del instructor aunque admite que “no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, pero considera que los indicios “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”.

Por todo ello, dicta que resulta procedente incoar diligencias previas “con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”.

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la consejería y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos “una conexidad inescindible”.

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El juez remitió hace dos meses la petición de imputación de Oltra al Tribunal Superior al considerar que existían “indicios racionales y sólidos” de la participación de la vicepresidenta en la causa que investigaba. “Debe ser oída como investigada en la presente causa para que la sala adopte la resolución que estime procedente”, señaló el juez en un auto remitido al TSJ que es el tribunal competente para investigar a Mónica Oltra debido al aforamiento del que goza por ser diputada. La investigación del juez se centra en si se aplicaron los protocolos de actuación institucional en casos de sospecha de abusos sexuales a menores o se incumplió el deber de custodia y el deber de denunciar los delitos perpetrados contra los menores bajo su guarda. El juez también sospecha que el personal de la consejería, de la que es titular Oltra, llevó a cabo una investigación paralela a la judicial y que la menor “lejos de ser protegida, fue objeto de una injustificada persecución”.

Por su parte, la Fiscalía no solo atribuye a la vicepresidenta los delitos de abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos sino también prevaricación, ya que considera que dio una orden “verbal” para tratar de ocultar el caso.

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