#Un año de eutanasia en España: 172 casos y una gran desigualdad entre las comunidades autónomas #noticias #2022

#Un año de eutanasia en España: 172 casos y una gran desigualdad entre las comunidades autónomas #noticiero #2022

En el primer aniversario de vigencia de la ley de eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio de 2021, al menos 172 personas han terminado su vida por este procedimiento en España. Es la número que ha recabado EL PAÍS de todas las comunidades autónomas, excepto Asturias y La Rioja, que no han facilitado el nota. Es un primer año de rodaje desigual, en el que la implicación de los Gobiernos regionales ha sido decisiva para suministrar o dificultar el avance de este nuevo derecho y en el que todavía quedan procesos por mejorar. Sin bloqueo, con sus baches, la prestación está funcionando de forma correcta, en términos generales, según un amplio pericón de fuentes sanitarias consultadas, que incluyen las institucionales, del mundo de la medicina, la botiquín, los pacientes y la bioética.

Las diferencias en la implantación saltan a la traza con solo ver las cifras. Cataluña, una de las comunidades que los expertos señalan como de las más avanzadas en la implantación de la eutanasia, ha realizado en el primer año 60 prestaciones, el triple que Madrid (19) con solo un 13% más de población, y casi seis veces más que Andalucía (11), que tiene un millón de habitantes más. Estas dos comunidades han practicado menos eutanasias que el País Vasco (25), otra de las señaladas como ejemplares.

Porque, aunque la ley entró en vigor hace ahora un año, no todas las comunidades empezaron a realizar eutanasias el pasado verano. Para prestar el servicio era indispensable formar un comité de garantías, un víscera interdisciplinar que tiene que dar el conocido bueno final a cada proceso, y que en algunas, como las mencionadas Madrid y Andalucía, no se constituyó hasta meses posteriormente de la entrada en vigor de la ley.

Además en función de las administraciones, las facilidades para aceptar al derecho de caducar cuando el enfermo lo desea son mayores o menores. No se comercio solo de cumplir la ley, sino de cómo lo hacen: qué información prestan a la ciudadanía y a los sanitarios, qué señal y formación dan a los médicos y enfermeras o cuáles son las trabas burocráticas.

Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Vencer Dignamente (DMD), reconoce que hay “algunas comunidades donde está yendo muy correctamente y en otras congruo mal”, pero prefiere poner el acento en los avances y no hacer valoraciones comparativas hasta que no haya datos oficiales, que tendrá que anunciar el Ocupación de Sanidad. “Nos fijamos en aquellas donde funciona correctamente, como Cataluña y País Vasco, que son ejemplos desde el principio. Tienen en global que ambas hicieron los deberes con tiempo, pusieron en marcha con prontitud el comité de garantías, lo hicieron conocido, tienen una página web con información muy detallada. Las dos han divulgado la ley entre la ciudadanía, han hecho congruo formación a los profesionales y, otra cosa que coinciden, es que en ambas, aunque no son las únicas, han famoso referentes, ya sean médicos o enfermeras en cada dominio de vigor a los que otros colegas pueden asistir cuando tienen dudas”, explica.

Lo que sucede en algunas ocasiones es que un paciente le pide a su médico la eutanasia y este no sabe ni lo que tiene que hacer. Lo más frecuente para quienes quieren aceptar a este derecho es asistir al médico de comunidad, que es el que suele tener más trato con los enfermos, pero pueden solicitarlo a cualquier otro. Aunque en España no hay datos de las enfermedades más frecuentes de las personas que pidieron eutanasia, Tayra Velasco, presidenta de la Comisión de Bioética del Colegio de Botiquín de Madrid, asegura que a diferencia de otros países, donde es más frecuente el cáncer, aquí la mayoría de las peticiones es de quienes sufren enfermedades neurodegenerativas, por lo que hay pacientes que todavía acuden a su neurólogo, o a cualquier prudencial con el que tengan confianza. Por lo demás, dice Velasco, las características de los pacientes de los que han recabado datos son similares a las de otros países con sistemas de eutanasia más implantados: un perfil mayoritario de hombres septuagenarios que reciben la eutanasia en su domicilio.

Esta enfermera es una de esas referentes que mencionaba el presidente de DMD. Aunque en Madrid, la Comunidad donde trabaja, la Consejería de Sanidad no ha promovido esta figura, algunos profesionales se han coordinado entre ellos para dar ayuda a los colegas. “Es frecuente que los equipos asistenciales no sepan exactamente qué tienen que hacer cuando se les presenta la situación. Primero, es necesario identificar qué demanda el paciente: si es información o la solicitud formal y documentada de ayuda para caducar. A partir de ahí tienes que explorar ese deseo, iniciar un proceso deliberativo y explorar el dolor en todas las esferas: el físico, el psicológico, el social, el espiritual…”.

A partir de ahí hay tres filtros que tienen que dar su conocido bueno para que se realice la eutanasia: el primero es el médico responsable, al que ha acudido el paciente (siempre que este no sea objetor). El segundo, otro colega que no conociera al paciente. Y, por postrero, la comisión de garantías, en las que hay al menos personal médico y legal que tienen que dar su conocido bueno, pero todavía pueden formar parte de ellos psicólogos, farmacéuticos, enfermeras o expertos en bioética, entre otros especialistas.

Tayra Velasco cuenta que cuando médicos o enfermeras se dirigen a ella en rastreo de ayuda les asesora tanto sobre estos pasos, sobre la burocracia que hay que seguir, así como sobre otros asuntos que tienen que ver con el procedimiento de aplicar los medicamentos —”no todas las enfermeras estamos acostumbradas a usarlos”— o relacionados con la donación de órganos. “En estos casos se tiene que realizar en el hospital, pero la Estructura Doméstico de Trasplantes es muy ágil y se adecúan correctamente a los casos que hemos tenido”, señala.

Tomás Cobo, presidente de la Estructura Médica Colegial, asegura que en este año no han tenido nota de ningún percance a la hora de cumplir con la ley, ni para manifestar la crítica de conciencia. “Nuestro deber es amparar a los médicos que la realicen y por eso hemos ampliado nuestro código deontológico para no sancionar a quienes realicen prestaciones adentro de la ley, aunque no consideramos la eutanasia un acto médico”, señala.

Trabas al derecho

¿Y cuáles están siendo las trabas en este proceso? Un ejemplo es el de Sino López, que recibió la eutanasia en Sevilla el 2 de abril. En una carta remitida a este diario denunciaba las trabas que la Reunión de Andalucía le puso para poder cumplir con su derecho a una asesinato digna. Tuvo que esperar cinco meses para poder iniciar los trámites porque la sucursal no constituyó la Comisión de Garantías hasta noviembre, incumpliendo los plazos legales establecidos por la ley. Esa fue la primera de las demoras, porque un proceso que no debería durar más de 40 días tardó otros cinco meses por la desliz de protocolos de la sucursal. Su médico responsable no sabía a quién despachar la solicitud que se formuló el 22 de noviembre de 2021; hubo aplazamiento en la designación del médico consejero, que rechazó la petición. Tras el arbitrio, la Comisión autorizó la eutanasia por unanimidad el 22 de marzo. Cuando acudieron al hospital Inmaculado del Rocío, solo les ofrecieron llevarla a mango los sábados y excluyendo algunos festivos. Finalmente, un lunes les indicaron que o se llevaba a mango al sábado futuro o tendrían que esperar un mes, informa Eva Saiz.

Eva Camps, portavoz de DMD en Andalucía, asegura que en esa comunidad “la mayoría de los casos son así”. “Algunos han fallecido durante el proceso por sedación, otros han desistido”, explica. Casi un año posteriormente de la aprobación de la ley, Andalucía nada más ha regulado sobre el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a la prestación de ayuda para caducar en Andalucía. Preguntado el portavoz de la Reunión, Elías Bendodo, este mismo miércoles, ha respondido: “En esta comunidad hemos apostado por profundizar y mejorar los cuidados paliativos y cumplir a rajatabla la ley”.

Marisa de la Rica, presidenta de la Asociación Española de Botiquín en Cuidados Paliativos (Aecpal) explica que eutanasia y paliativos no deberían ser dos opciones entre las que haya que nominar. Pero hay que hacer un esfuerzo por mejorar estos cuidados, que les llegan tarde a mucha masa. Es importante la identificación precoz: minimizar problemas cuando la enfermedad se presenta. Si los pacientes no empiezan a cobrar los paliativos hasta el final, no da tiempo a tratarlos, va a ser atender una amargura”, explica.

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